La seguridad y la soberanía económica de Panamá son cuestiones cruciales en el contexto del cumplimiento de la Constitución Política y las leyes en el ámbito nacional e internacional.  

En respuesta a las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá ha adoptado una serie de leyes y regulaciones para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Entre ellas se destaca la Ley 23 de 2015, que establece organismos de supervisión, medidas para la debida diligencia y la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras.

Históricamente, Panamá ha sido un centro financiero atractivo debido a su ubicación estratégica y su economía dolarizada. Sin embargo, esta ventaja también ha expuesto al país a riesgos significativos, que, ante una falta de supervisión como el caso de una empresa de profesionales, involucrada en los mal llamados papeles de Panamá, trajo consigo, una mala reputación, el afloramiento de una deficiencia en los controles y supervisión en el ámbito nacional e internacional.

Los controles tienen que ser efectivos, para evitar que las instituciones financieras, los sujetos obligados y profesionales, participen en la entrada de capitales ilegales, actividad que puede distorsionar el mercado y perjudicar a las empresas legítimas. Esto genera desconfianza, desalienta la inversión y limita el crecimiento económico.

 Además, la proliferación de estructuras jurídicas opacas, posibles fachadas y corruptas puede permitir ocultar actividades ilegales, debilitando la capacidad del Estado para regular su economía de manera efectiva.

En este contexto, la autonomía de la seguridad económica de Panamá se ve comprometida cuando el país es mal evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que genera presión internacional para que cumpla con las normas establecidas por estos organismos. Sin embargo, al adherirse a estas normativas y fomentar la cooperación internacional, Panamá tiene la oportunidad de fortalecer su sistema financiero y mejorar su reputación, siempre que estas medidas se implementen de manera adecuada y se adapten a la realidad del país.

Panamá, para proteger su economía frente a amenazas globales, requiere un enfoque integral que combine la implementación efectiva de normativas internacionales con un sistema de supervisión robusta. La creación de instituciones sólidas y transparentes es esencial para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y promover un clima de confianza entre los diferentes actores. Esto asegurará que se realicen buenas prácticas comerciales en el país.

Es fundamental capacitar tanto a los ciudadanos particulares como a los servidores públicos en la importancia de conocer las normativas vigentes, identificar riesgos y aplicar principios de “conocer a su cliente” y “beneficiario final”. Asimismo, deben estar preparados para reportar operaciones sospechosas y comprender la relevancia del análisis realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como la función del Ministerio Público en la investigación de delitos precedentes. Este enfoque contribuirá a promover resultados positivos que son esenciales para fortalecer las futuras evaluaciones del GAFI.

Por lo tanto, Panamá debe avanzar hacia un sistema financiero más transparente y participativo, con una mayor capacitación en regulaciones y buenas prácticas. Además de investigar el crimen organizado, es crucial que las autoridades demuestren efectividad en la lucha contra los delitos precedentes del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Solo así podrá consolidarse como un país seguro y atractivo para la inversión extranjera, fortaleciendo su posición global.